Desde hace varias semanas en la ciudad de Quito se ha instalado la discusión sobre uno de los proyectos que ha emprendido la actual alcaldía: los Quitocables.

Discutir sobre la movilidad, el tráfico, la infraestructura pública o las obras del cabildo en una ciudad no solo es positivo sino además necesario. Sin embargo, más allá del derecho de los ciudadanos a opinar, disentir, apoyar o contradecir a las autoridades, siempre debe primar en una decisión de este tipo el interés colectivo por encima de cualquier interés particular.

El proyecto denominado Quitocables, según se ha informado en los medios de comunicación, comprende tres líneas: la norte, que irá desde el sector de la Pisulí hasta La Ofelia; la central que irá desde La Carolina hasta Tumbaco; y, la sur que irá desde la Argelia hasta Solanda. La controversia por ahora se ha centrado en la zona norte debido al paso aéreo que tendría esta línea sobre la urbanización privada El Condado.

El Municipio ha informado que el proyecto de los Quitocables norte beneficiará aproximadamente a doscientas mil personas de barrios pobres de la capital tales como: Jaime Roldós, Tiwinza, Pisulí, Consejo Provincial, Catzuqui de Velasco, Catzuqui de Moncayo, Caminos de la Libertad, La Planada, Rancho Alto, la Ofelia, Mena del Hierro, entre otras zonas altas que forman parte del límite urbano noroccidental de la ciudad, que se caracterizan por la marginalidad y el abandono.

En efecto, los barrios mencionados en este artículo, cuyos nombres en algunos casos estoy seguro que ni siquiera los habíamos escuchado, forman parte de una de las zonas más deprimidas de Quito. Su gente, varias decenas de miles de personas de escasos recursos económicos, sufren a diario y desde hace años la ausencia de un sistema de transporte público regular, decente y efectivo para movilizarse hacia la ciudad.

Las partes en discordia, esto es aquellos que defienden la ejecución de la obra y los que se oponen a la misma, han esgrimido una serie de razones técnicas y legales para sostener cada una sus posturas, pero todas estas razones, fundamentadas o no, nos gusten o no, convergen siempre en una misma interrogante: ¿Debería prevalecer en este caso el interés público, el de la colectividad, el de estos barrios periféricos, populosos y normalmente olvidados, o quizás debería imponerse en este caso el interés de unos pocos residentes o propietarios de una urbanización privada que siempre ha contado con todos los servicios públicos y la atención de las autoridades?

La respuesta es evidente y no admite ninguna justificación en contrario: el interés público, aunque pudiera afectarnos de algún modo particular, estará siempre sobre cualquier interés de índole privada.

En este caso las autoridades municipales están obligadas a atender la necesidad urgente de transporte de doscientas mil personas de los barrios altos, a pesar de la presunta molestia visual que esto pudiera causar a unos pocos.

Oscar Vela D.