La historia de Nelson Serrano, el ecuatoriano que fue condenando a muerte en los Estados Unidos por un presunto homicidio múltiple, ha vuelto a destapar las cloacas de un sistema judicial que podrá ser muy eficaz (me temo que no lo es por las consideraciones que expongo más abajo), pero que despide un olor pestilente y no resulta del todo confiable en especial cuando se juzga a personas de origen latino, afroamericano o árabe, sólo por poner algunos ejemplos.

Es importante apuntar que el hecho de que en más de la mitad de los estados de esta nación federada todavía se mantenga vigente la pena de muerte, tal como sucede en Irán, Corea del Norte, China, Siria, entre otros, deja marcado en el mapa mundial a los Estados Unidos con un enorme signo de interrogación en cuanto al respeto de los derechos humanos.

El último reportaje sobre el caso Serrano, producido por Janeth Hinostroza y estrenado la semana pasada en Ecuador bajo el título “Nelson Serrano-Soy Inocente”, ha refrescado (al menos en el ámbito local), el debate sobre un proceso claramente viciado y salpicado de dudas, en el que la víctima es un ciudadano ecuatoriano cuyos derechos han sido pisoteados tanto en los Estados Unidos como en su país. Este documental nos permite recordar hoy aquello que sucedió en el pasado reciente, cuando Serrano fue secuestrado y deportado por autoridades y funcionarios de los dos países (sin ninguna consecuencia judicial para esas autoridades y funcionarios hasta ahora), y entregado en una prisión de Florida donde ha permanecido encerrado doce años.

El reportaje también ha removido entre nosotros esta historia que nos recuerda lo frágiles e imperfectos que son los sistemas judiciales -incluso el estadounidense que se jacta de ser muy eficaz- cuando prevalecen en ellos la eficiencia y la agilidad por encima de la justicia y la seguridad jurídica.

No puede haber justicia sin eficacia, por supuesto, pero menos aún habrá eficacia sin justicia. Me pregunto entonces si el caso Serrano será exactamente un ejemplo de lo eficaz y justo de un sistema que ha quedado evidenciado en este proceso que requiere frenéticamente un culpable para que sea juzgado (y asesinado en acto público), y coopera de este modo manteniendo los números en azul y las estadísticas en curva ascendente, antes que declarar la inocencia del acusado por la inexistencia total de pruebas en su contra y quedarse sin un reo condenado, sin una ejecución que satisfaga la vindicta pública, y sin un fiscal victorioso que sume una nueva muerte a su hoja de vida.

Me pregunto también si hay eficacia y justicia en un sistema judicial en el que prevalecen los ascensos y las promociones antes que las vidas de personas como Nelson Serrano, John Thompson, Peter Limone o Carlos de Luna, o la de George Stinney, el niño de 14 años que fue condenado y ejecutado en la silla eléctrica en 1944 y declarado inocente setenta años después. Me pregunto ¿cuánto vale una vida en ese sistema?